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A propósito de los 25 años del llamado Informe de Sabios

“Colombia: Al filo de la oportunidad” (Parte II)

Leer la primera parte

Un balance sucinto de cada gobierno transcurrido después del cuatrienio de César Gaviria, daría pie a controversias innecesarias sobre si se hizo o no se hizo la tarea dejada por la Comisión de Sabios. Reflexionaré entonces sobre si existe o no algún nivel de coherencia y consistencia con la visión de la Comisión, divulgada en 1.994. Analizaré brevemente los avances, retrocesos, obstáculos y limitantes, que luego de cuatro gobiernos se han presentado para transformar el sector educativo de manera estructural.

El informe de la Comisión se señala: “Lo que está en juego aquí, es entonces la productividad inteligente, la creatividad humana, la promoción de la ciencia y las tecnologías colombianas y, por ende, del crecimiento económico, de la calidad educativa y el bienestar socio-político y económico colombiano, en un nuevo proyecto civilizador”. De aquí vale considerar los siguientes factores:

  1. Las políticas estatales del sector educativo. La Comisión de Sabios planteó elevar a nivel presidencial la orientación y definición de las políticas estatales sobre la educación, así como generar una movilización nacional de opinión sobre los propósitos y bocetos de la política educativa para lograr un gran consenso en todos los actores sociales. También, que el Plan Decenal de Educación se convocara con amplia participación y debate; que se reformara el Ministerio de Educación Nacional para fortalecer su capacidad de gestión intersectorial; y otros múltiples lineamientos que, por su importancia, recomiendo leer en profundidad.

El resultado: en estos 25 años no se han formulado políticas de Estado en el sentido prospectivo como se concibió desde la Comisión de Sabios. Habría que abonar el esfuerzo del gobierno Uribe por la creación e impulso al Sistema de Gestión de la Calidad Educativa, y reprochar que en el último esfuerzo legislativo del gobierno Santos, la política de Estado impulsó un programa excluyente como “Ser Pilo Paga”.

  1. La organización educativa, sus estructuras, gobierno y gobernabilidad. Sobre esto, la Comisión planteó: “Para que adelanten con éxito las tareas que les asigna la sociedad, debemos preocuparnos porque sean efectivas, aprendan permanentemente, de manera creativa y autotransformadora. Ello recae sobre sus líderes con tecnologías de gestión para transformarlas, en ese sentido y dada la naturaleza de las organizaciones educativas y las generadoras de conocimientos, se requiere de ambientes adecuados para que en ellas se cumplan procesos permanentes de aprendizaje y creatividad, que les permitan contribuir a mejorar los niveles de competitividad y efectividad de las demás organizaciones, y por lo tanto a elevar la calidad de vida de la sociedad”.

Con pocas excepciones, la institucionalidad educativa colombiana sigue siendo piramidal, vertical, rígida –y sin vacilación alguna– ortodoxa.

La Comisión también pidió “reforzar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología”, y aunque Colciencias sigue soñando en transformarse en Ministerio, y en el gobierno Uribe se hizo un esfuerzo significativo por fomentar y desarrollar la investigación pertinente de grupos y líneas investigativas significativas para el país y la universidad colombiana, es claro que ello no ha sido suficiente por la precaria aplicación de recursos y el fracaso rotundo del famoso CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) que quedaron en manos de la catástrofe clientelista y burocrática de los caciques territoriales y otros depredadores del presupuesto asignado a la responsabilidad investigativa de la universidad.

  1. La desarticulación del currículo en los diferentes ciclos y niveles del sector educativo. Entre otras cosas, dijo la Comisión: “Uno de los problemas más graves vinculados con la calidad, es la poca incidencia que parece tener el sistema educativo actual con la formación de actitudes y valores democráticos en los niños y los jóvenes”. No sobra decir al respecto que hoy reflexionamos igual y tal vez con mayor preocupación.

También se llamó la atención en el sentido de que “una de las tareas fundamentales del proceso educativo es el aprender a convivir, sin embargo, el manejo de los valores en la escuela ha sido descuidado y confundido con la manutención a ultranza de principios desconectados de la realidad cotidiana y contemporánea. Recientemente se ha retomado el debate sobre los valores, y ya no se piensa que la educación ética y ciudadana sea responsabilidad únicamente del sistema escolar formal, ni que se pueda lograr solo a través de cursos de moral, de instrucción cívica o de análisis de la Constitución, incluidos en los planes de estudio de forma obligatoria pero aislada”.

La Comisión puso el dedo en la llaga, pero tampoco en este aspecto fue escuchada, y 25 años después, nos seguimos lamentando, con más desasosiego, ya que las políticas y estrategias al respecto no han generado mayor impacto.

  1. El aprendizaje y los estudiantes. En este componente la Comisión subrayó que “la enseñanza entendida como instrucción rígida, metódica y orientada al aprendizaje de destrezas observables, incluida la memorización, predomina entre nosotros, a pesar de que en los países más desarrollados se está consolidando una concepción de pedagogías orientadas a la construcción del conocimiento, que promueven efectivamente el aprender. Estas evidencias han dado origen a un movimiento en la educación que pone el énfasis ya no en la instrucción sino en el dominio de una serie amplia de estrategias de tutoría, de utilización de lenguajes verbales y no verbales, sobre los cuales se fomenta la interacción humana y el acceso y dominio de nuevas tecnologías que permiten al alumno aprender por sí mismo con alta motivación y eficacia”.

¡Qué cerca estaban nuestros sabios de la promulgación de la UNESCO sobre la educación a distancia y virtual en el desarrollo del paradigma del aprender a aprender como sustento pedagógico clave de la educación abierta y a distancia y en ambientes virtuales para el siglo XXI!

  1. La educación y su rigurosa correlación con las tecnologías, la didáctica y la pedagogía. El aporte de la Comisión nos advirtió: “Urge preparar la próxima generación de colombianos con una óptima educación y con bases sólidas en ciencia y tecnología, en un proceso inicial de veinticinco años. Dicho lapso es el mismo requerido para implementar un programa pertinente para el fomento de la investigación en ciencia y tecnología para el desarrollo de Colombia”.

Hasta ahora empezamos a tomar conciencia de la importancia de la tecnología para la educación, admitiendo que la educación a distancia y su expresión en escenarios virtuales con desarrollos pedagógicos diferenciales, es una herramienta clave para abordar los problemas sustanciales de la educación y de otros sectores, dada la la recurrente ausencia de Estado en los territorios y microterritorios de nuestra geografía nacional. Aunque más vale tarde que nunca, Colombia ha caído en una encrucijada de descomposición social, en la que el hambre, la miseria, la drogadicción de niños y jóvenes, la poca valoración del conocimiento y el escaso valor que se le da a la vida, exigen una oportuna y rigurosa respuesta frente a lo que hace cerca de 25 años nos planteó la Comisión.

  1. Financiación. Por estos días, como ya ha sido cotidiano en las últimas décadas, la educación pública, y en particular la educación superior, afianzará su actitud mendicante ante los ministerios de Hacienda y Educación, para poder asegurar los recursos de funcionamiento que permitan cerrar la vigencia 2018. Esta es una enfermiza y recurrente torpeza estructural de no invertir de manera seria y responsable en la educación, como principal vehículo para la competitividad nacional.

La Comisión señaló al respecto: “La financiación gubernamental debe provenir en su mayoría del presupuesto nacional a través de los diversos Ministerios, especialmente los relacionados con la producción y el sector social. En particular, aplicar el artículo 4Q de la Ley 29 de 1990, que permite al CONPES, por recomendación de Colciencias, determinar los recursos que las entidades descentralizadas destinarán a investigación y desarrollo tecnológico”. Y añadió que era necesario: “Crear mecanismos de financiación para la ejecución de proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, tanto en la industria como en la universidad; para el apoyo a la realización de tesis en la industria y al diseño de procesos y prototipos”.

Nuestras universidades, y en particular las públicas, enfrentan graves problemas de infraestructura física y económica, permanentes desequilibrios presupuestales para contribuir al desarrollo de la investigación aplicada en nuestros territorios, y afectaciones causadas por el incremento periódico del déficit fiscal del sector impulsado por el gobierno Santos, que se difundió con amplio orgullo y despliegue publicitario, con el mensaje de que los recursos implementados en el sector educativo, superaban los históricamente aplicables a los recursos del Ministerio de Defensa. Hoy podríamos preguntarnos, ¿a dónde fueron a parar dichos recursos, si la educación de base sigue estancada en su pobreza?

Es así que, luego de vislumbrar todo este panorama, la pregunta es: ¿qué podemos hacer para que el gobierno y el Estado recojan lo que visionariamente nos planteó la Comisión hace cerca de 25 de años?

Hoy, nos encontramos transitando a un nuevo gobierno, tras ocho años del gobierno Santos, en el que se nos vendió la idea de la Nación Más y Mejor Educada de la Región. El Informe de los Sabios tal vez no fue tan optimista como lo deseado por el eslogan del pasado gobierno, pero sí más aterrizado en lo que el país necesita como condición sine qua non para avanzar hacia la modernidad deseada desde la educación superior. Los retos son enormes y, ojalá, el anuncio del presidente Duque de revivir la Comisión, esté acompañado de la voluntad política para implementar los cambios que Colombia necesita.

 

JAIME LEAL AFANADOR

Rector UNAD

Presidente ACESAD

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