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Junio 2021 

¡Basta ya de tantos escenarios de violencia, de odios, de iras contenidas, de polarizaciones banales, de absurdas egolatrías y de algunos semidioses que actúan contra la consolidación de una democracia que ha estado carcomida por la corrupción y el olvido!

La coyuntura por la que atravesamos es resultado de la sumatoria de ausencias que han provocado un estallido social sin precedentes, a tal punto que amenaza con remover el piso del endeble Estado colombiano. Un Estado generalmente distante de su compromiso con el bienestar colectivo de los y las connacionales, así como de una educación inerme y casi secuestrada por posturas ideológicas políticas, más de retaguardia que de vanguardia.

Los hechos confirman que lo que estamos viviendo no es únicamente una manifestación de desespero colectivo de quienes habitamos Colombia, sino una confluencia de actores externos e intereses subterráneos que, aprovechándose del derecho constitucional a la protesta, se parapetan en el interés genuino de nuestros jóvenes por un mejor futuro. Somos testigos, y también víctimas, de fuerzas ocultas orientadas a generar caos y a agravar la coyuntura, aprovechándose del desgobierno latente de dirigentes sin experiencia y sin un espíritu de liderazgo colectivo.

Dichas fuerzas oscuras y ocultas se introdujeron, como un cáncer, a nuestra sociedad desde los años 70 (hace medio siglo ya), y aunque en aquel entonces percibimos sus causas y efectos tenebrosos y desestabilizadores, especialmente en la década de los años 80,  como país no quisimos o no pudimos dar cuenta de esa gran tragedia social que se avecinaba y que hoy hace metástasis.

Pero el optimismo es humano y la educación es fuente de optimismo, y gracias a ésta hoy creemos firmemente que tenemos aún capacidad de reacción colectiva para enfrentar este drama, oxigenado por la torpe riqueza material del tráfico de drogas y de armas, que han hecho prosperar ejércitos de delincuentes en todos los niveles y estratos sociales.

¿Qué hacer para enderezar el camino?

La reconciliación y la solidaridad entre todos, y custodiada por todos, es la única respuesta. Porque son muchos menos los interesados en desestabilizar a nuestro país y ellos no cuentan con el verdadero potencial mayoritario de la riqueza de espíritu, de inteligencia y del talante de los habitantes de una Nación que, unida, sabrá superar estos momentos tan difíciles que nos recuerdan su violenta historia fratricida.

Nuestro Estado colombiano, poco planificado desde su origen, ha pasado a ser un supra-organismo complejo y burocrático, lo que lo hace poco efectivo para responder estratégicamente a las demandas de su pueblo, de su gente, sus niños y sus jóvenes que son semilla de futuro. Y para contribuir a ello, y de la mano de dirigentes y líderes probos, la institucionalidad educativa deberá cambiar su rol, y trabajar en torno a aspectos cruciales como los siguientes:

Como primera medida, la Ley. Su espíritu, su acatamiento y su finalidad para el bienestar social deben cobrar su real valor en el proceso educativo. Qué es, cómo se debe aplicar, cómo debe impactar a todos y cómo debe protegerse. Desde lo educativo tenemos la responsabilidad de apoyar una Ley que proteja a todos y no sólo las garantías de unos pocos, que favorezca la equidad, y no agrave los problemas estructurales de las mayorías poblacionales.

También requerimos una educación que permita comprender el contexto histórico, para no repetir ni convertir la Ley en el poder de unos pocos para menospreciar el pueblo y su talento, tal y como tristemente se fue dando en la evolución de la Nueva Granada a la hoy constituida República de Colombia, y -especialmente- que no mal enseñe que la Ley es para infringirla, como que tampoco es para acomodarla según los intereses, y menos aún que a toda Ley hay que buscarle la trampa.

Otro preocupante indicador de esta ausencia histórica del Estado es la poca efectividad en los resultados de sus instituciones estatales, incluidas sus universidades, gestionadas generalmente más con afán burocrático por cumplir cuotas politiqueras que desdibujan el propósito constitucional para el que fueron creadas.

Y la institucionalidad educativa también debe poner sus ojos en el sistema representativo y centralista. Porque hoy debe estar cuestionada la efectividad de la República, mas nunca la Constitución Política. También se debe diseccionar la eficacia de los tres poderes y su capacidad para interactuar con la sociedad civil, la responsabilidad de los dirigentes y funcionarios para garantizar el verdadero talante y propósito de servir y, sobre todo, los mecanismos de gestión del gobierno y su gobernabilidad.

Porque lo que vivimos hoy, también es consecuencia de la negligencia con la que los sucesivos gobiernos han minado el valor de las instituciones, sacrificándoles su vocación de servicio y bienestar de los gobernados.

Tenemos el compromiso de contribuir a rescatar la confianza de la sociedad en un verdadero Estado, y sobre todo de aquellas instituciones que hacen parte de los sectores de la educación, de la economía, de la justicia y de la salud para superar, de una vez por todas, ese Estado sordo, ausente y hostil al que urgentemente hay que cambiar por uno que haga presencia, que sirva, que sea solidario, que permita la competitividad sana y la prosperidad extendida.

Dicho Estado anhelado no es solo el de las grandes capitales, sino que debe hacer presencia, real, en cada rincón del microterritorio, en cada vereda y en cada barrio, con líderes probos y transparentes, con buenos y grandes educadores y maestros, con médicos y personal de salud bien pagos y bien provistos, con jueces y fiscales confiables, con ingenieros y técnicos a los que no se les caigan los puentes y destruyan las vías, con un campesinado respetado y con un pueblo dignificado desde su niñez y su juventud, para buscar la felicidad individual y colectiva sin exclusiones y con cosechas abundantes de equidad.

La Universidad como institución social, y colectivo de compatriotas, hoy está llamada a sumar como conciencia crítica y voz de la sociedad. La dignidad que le da el compromiso con la verdad, con los rigurosos resultados de la investigación, con la identificación de la problemática como producto de sus procesos de formación y con la sensibilización de las necesidades y expectativas de sus estudiantes y profesores en todo el país, le dan una autoridad moral que, en estos momentos históricos, la patria requiere como faro para soñar con una convivencia pacífica y progresista.

A eso le apostamos en la UNAD.

Más UNAD, más País.

 

Jaime Leal Afanador 

Rector

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